Quién firma el ingreso en una residencia: voluntad de la persona y medidas de apoyo (Ley 8/2021)

«¿Quién tiene que firmar el contrato de la residencia?» Es una de las primeras preguntas que se hacen las familias, sobre todo cuando su padre o su madre tiene un deterioro cognitivo. La respuesta corta es que firma la propia persona mayor, con el apoyo que necesite, siempre que pueda decidir. En esta guía te explicamos qué cambió con la Ley 8/2021, qué medidas de apoyo existen y qué ocurre cuando la persona no puede expresar su voluntad.

El punto de partida: decide la persona

Desde el 3 de septiembre de 2021, con la Ley 8/2021, en España ya no se «incapacita» a nadie. Todas las personas adultas tienen capacidad jurídica y, si la necesitan, reciben medidas de apoyo para ejercerla. El Código Civil establece tres ideas clave:

• Quien presta apoyo debe actuar según la voluntad, deseos y preferencias de la persona, informándola, ayudándola a comprender y facilitando que exprese lo que quiere.
• Las medidas que adopta un juez solo proceden cuando falta o no basta la voluntad de la propia persona, y deben ser necesarias y proporcionadas.
• La representación (decidir en nombre de otro) es excepcional.

La Ley 4/2026, en vigor desde el 23 de octubre de 2026, refuerza este enfoque en la Ley de Dependencia: reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a elegir dónde y con quién vivir y a decidir sobre sus medidas de apoyo, y establece que la elección del centro residencial o de la vivienda se hará según su voluntad, deseos y preferencias.

Si tu familiar puede decidir

Si puede entender lo que supone el ingreso y expresar su decisión, aunque sea con ayuda, es ella o él quien firma. La familia puede acompañar, resolver dudas y, si va a pagar una parte, figurar en el contrato en esa condición; el centro os explicará cada cláusula. Leed con calma el contrato y el reglamento de régimen interior: te ayudarán nuestra guía de derechos en residencias y las preguntas al firmar el contrato.

Este también es un buen momento para planificar el futuro con un poder preventivo o una autocuratela, como explicamos más abajo.

Las medidas de apoyo, de un vistazo

Medida	Quién la decide	Para qué sirve	Qué papel tiene en el ingreso
Poder preventivo	La propia persona, ante notario	Designar a quien la representará si en el futuro necesita apoyo	La persona apoderada actúa con las facultades e instrucciones del poder
Autocuratela	La propia persona, ante notario	Proponer quién será su curador y cómo debe actuar	Vincula al juez si llega a constituirse una curatela
Guarda de hecho	Surge de la práctica: el familiar que ya presta apoyo	Apoyo informal en el día a día	Acompaña; para actuar en representación necesita autorización judicial
Curatela	Un juez	Apoyo continuado, normalmente asistencial	Según lo que diga la resolución judicial
Defensor judicial	Un juez	Apoyo ocasional o ante un conflicto de intereses	Para un asunto concreto

Una regla importante: no puede ejercer ninguna medida de apoyo quien presta a esa persona servicios asistenciales o residenciales por contrato. Es decir, el personal de la residencia acompaña y cuida, pero no puede ser su curador ni su apoderado.

Poderes preventivos y autocuratela ante notario

Son las medidas voluntarias: las decide la propia persona mientras puede hacerlo. Se otorgan en escritura pública y el notario las comunica de oficio al Registro Civil.

• Poder preventivo. Puede tener efecto desde ya y mantenerse si la persona necesita apoyo más adelante, o activarse solo cuando llegue esa situación. En este segundo caso, la necesidad de apoyo se acredita como haya previsto el poderdante, y puede hacerse mediante un acta notarial con informe pericial. El poder puede incluir instrucciones, controles y salvaguardas, por ejemplo sobre dónde le gustaría vivir o qué residencias prefiere.
• Autocuratela. Permite proponer (o excluir) a quién nombraría el juez como curador y fijar reglas sobre el cuidado de la persona y sus bienes. El juez debe respetar esa propuesta salvo circunstancias graves y mediante resolución motivada.

Según el Consejo General del Notariado, la diferencia práctica es que la persona apoderada puede tomar decisiones sin autorización judicial si así lo previó quien otorgó el poder, mientras que el curador representativo necesita autorización del juez para determinadas decisiones. Para las decisiones médicas existe además el documento de instrucciones previas (testamento vital), que se inscribe en el registro de tu comunidad.

La guarda de hecho: la situación más habitual

En muchas familias, un hijo o una hija ya acompaña a su madre en el banco, en el médico y en los trámites. Eso es la guarda de hecho, una medida informal reconocida por la ley cuando no hay otras medidas que se estén aplicando de forma eficaz.

• Para el apoyo cotidiano no hace falta ningún trámite.
• Pedir una prestación, como la de dependencia, no requiere autorización judicial siempre que no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona.
• Si se necesita actuar en representación, el guardador debe pedir autorización al juez mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se escucha a la persona.

El ingreso en una residencia es una decisión de gran trascendencia personal. Si tu familiar puede expresar su voluntad, decide ella o él. Si no puede, la firma del guardador por sí sola puede no ser suficiente: lo prudente es consultarlo con la trabajadora social y, si hace falta, con un abogado o con el Ministerio Fiscal.

La curatela

La constituye un juez cuando no existe otra medida de apoyo suficiente. La resolución concreta para qué actos necesita la persona apoyo y, solo en casos excepcionales, en cuáles el curador la representa. Se revisa periódicamente, como máximo cada tres años (seis, de forma excepcional y motivada).

El curador con funciones de representación necesita autorización judicial para los actos de trascendencia personal que la persona no pueda realizar por sí misma, dejando a salvo lo que dicen las leyes sobre internamiento, y también para otros actos, como vender o hipotecar su vivienda. Tenlo en cuenta si pensáis vender la casa para pagar la residencia.

Si tu familiar tenía una tutela anterior a 2021, desde esa fecha el tutor se rige por las normas del curador representativo, y las medidas antiguas se van revisando para adaptarlas a la ley.

Si la persona no puede expresar su voluntad

Es la situación más delicada, y conviene abordarla con calma y con asesoramiento.

Primero, intentar conocer su voluntad

La ley pide un esfuerzo considerable para averiguar qué quiere la persona. Solo si no es posible, quien tenga funciones de representación decide teniendo en cuenta su trayectoria vital, creencias y valores, es decir, lo que ella habría decidido. La Ley 4/2026 aplica el mismo criterio a las prestaciones de dependencia.

El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no está en condiciones de decidirlo requiere autorización judicial, normalmente previa. Si por urgencia se produce antes, el responsable del centro debe comunicarlo al juzgado en un máximo de 24 horas, y el juez debe ratificarlo en un máximo de 72 horas, después de escuchar a la persona y al Ministerio Fiscal, examinarla y oír a un médico.

Cómo se aplica a las residencias

El Tribunal Constitucional admitió en su sentencia 13/2016 que una residencia de mayores puede ser el «centro» al que se refiere ese artículo si cumple los requisitos legales y reúne las condiciones necesarias, y recordó que las garantías (informe médico, comunicación por el responsable del centro y plazos) protegen el derecho a la libertad. La práctica judicial no es idéntica en todos los territorios, y la Ley 4/2026 encarga al Gobierno presentar en el plazo de un año una reforma de este artículo, así que pueden llegar cambios.

Qué hacer en la práctica

• Habla cuanto antes con la trabajadora social (del ayuntamiento o del hospital) y con la dirección de la residencia.
• Si hay dudas sobre el consentimiento, consulta a un abogado o al Ministerio Fiscal, que interviene en la protección de las personas que necesitan apoyos (por ejemplo, supervisa las curatelas).
• Si la situación es urgente y nadie presta apoyo, la entidad pública que tenga encomendada esa función en tu comunidad lo presta de forma provisional y avisa a la Fiscalía en 24 horas.

Estas garantías no están pensadas para complicar el ingreso, sino para que nadie viva en un centro en contra de su voluntad sin control judicial.

Cómo lo gestionan normalmente las residencias

Las residencias están acostumbradas a acompañar a las familias en este proceso. Lo habitual es:

• Una entrevista previa con la persona mayor y su familia para conocer su historia, sus gustos y su grado de autonomía, y a menudo una visita antes de decidir.
• Preguntar si existe un poder preventivo o una resolución judicial de apoyos y pedir una copia, para saber quién puede firmar qué.
• Explicar qué documentación pide la normativa de su comunidad autónoma, que es la que regula el ingreso en los centros.
• Asignar un profesional de referencia, organizar un periodo de adaptación e incorporar a la persona en la elaboración de su plan de atención.

Si tu familiar tiene demencia, lee también nuestra guía de residencias para alzhéimer y otras demencias y lleva la checklist de visita. Y para ordenar el proceso, consulta cómo elegir residencia.

Resumen rápido

• Firma la propia persona mayor si puede decidir, con los apoyos que necesite; la familia acompaña.
• Desde 2021 no existe la incapacitación: hay medidas de apoyo que respetan su voluntad.
• Poderes preventivos y autocuratela se firman ante notario mientras la persona puede decidir, y facilitan mucho las cosas después.
• El guardador de hecho necesita autorización judicial para actuar en representación.
• Si la persona no puede consentir, el artículo 763 LEC prevé autorización judicial; consulta con la trabajadora social, un abogado o la Fiscalía.

Esta guía ofrece información general y no sustituye el asesoramiento jurídico. Para tu caso concreto, consulta a un notario, a un abogado, a los servicios sociales o al Ministerio Fiscal.

Fuentes

• Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (texto consolidado; disposiciones transitorias segunda y quinta). BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233 (consultado el 15/10/2026)
• Código Civil (texto consolidado; arts. 249 a 274 y 287). BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 (consultado el 15/10/2026)
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (texto consolidado; art. 763). BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (consultado el 15/10/2026)
• Ley 4/2026, de 1 de octubre (arts. 4.2 y 14.2 de la Ley 39/2006 en su nueva redacción y disposición final decimonovena). BOE núm. 246, de 3 de octubre de 2026. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20528 (consultado el 15/10/2026)
• Tribunal Constitucional. Sentencia 13/2016, de 1 de febrero (Sala Primera). https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24817 (consultado el 15/10/2026)
• Consejo General del Notariado. Instrumentos jurídicos de autonomía personal y protección patrimonial (folleto, 2024). https://www.notariado.org/portal/te-lo-aclaramos (consultado el 15/10/2026)
• Consejo General del Poder Judicial. Foro Justicia y Discapacidad. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Foro-Justicia-y-Discapacidad/ (consultado el 15/10/2026)